Respirar es un acto automático, casi invisible en la vida cotidiana, sin embargo, en muchas ciudades de México, hacerlo sin afectar la salud se ha convertido en un privilegio más que en una garantía. Plantear que respirar mejor también es un derecho urbano no es una postura radical, sino una invitación a reflexionar sobre cómo diseñamos, habitamos y gobernamos nuestras ciudades.
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La evidencia sobre contaminación del aire es clara, en la Zona Metropolitana del Valle de México (CDMX), los niveles de partículas finas (PM2.5) superan con frecuencia las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, asociándose con enfermedades respiratorias y cardiovasculares; en Nuevo León, particularmente en el área metropolitana de Monterrey, la combinación de actividad industrial, tráfico vehicular y condiciones geográficas ha colocado a la entidad entre las más contaminadas del país. Guadalajara y su zona metropolitana enfrentan un panorama similar, con episodios recurrentes de mala calidad del aire derivados del crecimiento urbano acelerado y la dependencia del automóvil.
El transporte es un factor clave en esta ecuación, de acuerdo con datos del INEGI, el parque vehicular en México sigue creciendo, y aunque los vehículos eléctricos (EVs) avanzan, su presencia aún es limitada frente al total, la CDMX concentra la mayor cantidad de EVs del país, seguida por estados como Nuevo León y Jalisco, impulsados por incentivos locales y una mayor infraestructura de recarga, aun así, estos vehículos representan solo una fracción del total, lo que evidencia que la transición hacia una movilidad más limpia apenas comienza.
Desde el ámbito gubernamental, existen esfuerzos para revertir esta tendencia. Programas como el Hoy No Circula en la CDMX, la actualización de normas ambientales, la promoción del transporte público eléctrico y los incentivos fiscales para vehículos de bajas emisiones son pasos relevantes. También se han anunciado planes para fortalecer la electromovilidad, ampliar redes de monitoreo de calidad del aire y promover energías más limpias. No obstante, la efectividad de estas medidas suele enfrentarse a retos de implementación, coordinación entre niveles de gobierno y continuidad a largo plazo.
Hablar del derecho a respirar mejor implica reconocer que la calidad del aire no depende solo de decisiones individuales, sino de políticas públicas, planeación urbana y modelos de desarrollo, también abre el diálogo sobre corresponsabilidad: gobiernos que regulan y planifican, empresas que innovan y reducen su impacto, y ciudadanía que exige y participa.
Respirar aire limpio no debería ser una aspiración, sino una condición básica de la vida urbana, entenderlo como un derecho permite mover la conversación del señalamiento a la construcción colectiva de soluciones. Tal vez el primer paso no sea tener todas las respuestas, sino aceptar que la forma en que respiramos dice mucho de la ciudad que hemos construido… y de la que aún estamos a tiempo de transformar.
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